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DESDE ESTA ESQUINA..NO ADELANTAR JUICIOS.

DESDE ESTA ESQUINA..NO ADELANTAR JUICIOS.

DESDE ESTA ESQUINA.

MELITON GUEVARA CASTILLO.

12.10.2017.

 

NO ADELANTAR JUICIOS.

 

Buena parte de los ciudadanos, obvio, principalmente los tamaulipecos están pendientes de aquellos eventos o acontecimientos que tienen que ver con un clamor popular, como los que tienen que ver con la corrupción e impunidad. Y uno de esos eventos, recientes, es la detención de Eugenio Hernández Flores, a quien –este jueves-, el juez habrá de resolver su situación jurídica: auto de formal prisión o libertad por falta de elementos para procesar.

 

En las redes sociales se pueden observar uno y mil memes, fotografía, chistes o fotomontajes, haciendo referencia a los hechos señalados. Y en ellos, quiérase o no, ya hay una especie de juicio mediático. Así, por eso, la petición del diputado Carlos Morris, de no adelantar juicios, sale sobrando. El mediático, como quien dice, es un juicio gratis y prácticamente la defensa es inútil.

 

¿INOCENTE O CULPABLE?

En el Estado de Derecho, según la teoría, todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el caso de México, durante mucho tiempo la vox populli hace notar que las cárceles están llenas de inocentes, precisamente porque no pudieron demostrar su inocencia, ante un Estado que acusa, que obtiene confesiones por tortura o por investigaciones mal llevadas… y la percepción es que, los que si son delincuentes, criminales o rateros, andan libres por la corrupción e impunidad.

 

¿La justicia se vende? Hace tiempo, le hicieron esa pregunta al abogado Juan Velázquez, de fama eficaz y además porque ha tenido clientes poderosos. Y su respuesta fue, digamos, algo inesperada: que el problema, en México, dijo no es que la justicia se venda, lo que sucede, explico, es quien tiene dinero puede contratar a un buen abogado, que sabe y conoce de la ley. Efectivamente, hay abogados que son mediocres… de esos que ni con fianza sacan de prisión a su cliente.

 

PRISION O LIBERTAD.

En mis tiempos de estudiante universitario trabaje en el Juzgado 2º de Primera Instancia, tome declaraciones, escribí acuerdos, conocí el viejo sistema de impartición de justicia, el que le aplicaran a Eugenio Hernández Flores. Conocí a buenos y malos abogados, a jueces exigentes y otros no tantos, pero que a fin de cuentas, al concluir un plazo tienen que tomar una decisión ajustada al procedimiento, a la ley, a las evidencias.

 

Prisión o libertad. Son las alternativas que un juez tiene al momento de resolver la situación jurídica de un inculpado. Y, en aquella mi experiencia, es que basta con el mínimo elemento en contra, evidencia pues, a menos que se demuestre fehacientemente lo contrario, para decretar la formal prisión. Así sucedió, por ejemplo, con Mario Ruiz Machuca y fue, hasta buen rato después, cuando se resolvió su libertad.

 

DEBIDO PROCESO.

Cuando un político encumbrado cae estrepitosamente por corrupción, inmediatamente, su partido político se deslinda y pide, eso sí, que se le haga un juicio justo. Tal y como Sergio Guajardo lo menciono hace días o como Carlos Morris pide, no adelantar juicios. Sin embargo, al avanzar el proceso, no les queda otra que decir: si hizo algo mal, que pague. Y eso es, precisamente, lo que la gente dice en estas circunstancias.

 

Y, efectivamente, en un juicio penal hay 4 protagonistas: 1) el acusado, juzgado por hechos que se presumen delitos; 2) El acusador, la Procuraduría o como en este caso la Fiscalía Anticorrupción; 3) El defensor que, con pruebas, busca invalidar la integración de pruebas presentada por la parte acusadora; y, 4) el Juzgador, el juez; que con responsabilidad, conocimientos y experiencia estudia, revisa jurisprudencia, valora pruebas y evidencias, para al final dictar en dos momentos: a) auto de formal prisión o libertad; 2, si fue autor de formal prisión, al concluir el juicio culpabilidad o inocencia.

 

PIFIAS MINISTERIALES.

La parte acusadora, la Procuraduría –nacional o estatal-, nos tiene acostumbrado a sus ineficientes acusaciones, mala y deficiente integración de las averiguaciones penales o a no seguir el debido proceso. Florence Cassez, secuestradora así obtuvo su libertad; Caro Quintero, narcotraficante, después de años así salió de prisión. Y recientemente España negó la extradición de Javier Nava Soria, presunto testaferro de Javier Duarte, porque los documentos presentados no aportan argumentos relacionados con los delitos imputados.

 

 

 

 

 

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