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Narco: proceso de certificación de EU a México

Columna Estado de los ESTADOS 

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

 

“Es el resultado el que decide de qué 

lado está el derecho”: Immanuel Kant

 

  • CNDH, inservible y costosísimo elefante blanco

  • Narco: proceso de certificación de EU a México 

  • Ineficaces: Carpizo, Madrazo Cuellar y Roccatti 

  • José Luis Soberanes muy oneroso y apaciguador

  • Raúl Plascencia V.: señales claras de corrupción

  • González Pérez y el asesino solitario de Colosio

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un inútil y costosísimo elefante blanco. Su conformación se da en el contexto del proceso de certificación de Estados Unidos a México, entre 1986 al 2002, en el combate al narcotráfico allende las fronteras estadounidenses. Su “eficacia” en la defensa de los derechos humanos se observa en los resultados alcanzados por sus titulares desde Jorge Carpizo McGregor, pasando por Jorge Madrazo Cuellar, Mirelli Roccatti, José Luis Soberanes, Raúl Plascencia Villanueva, hasta llegar al actual titular, Luis Raúl González Pérez. De ahí los fundamentos de AMLO para señalar la ausencia de autoridad moral de la CNDH en los cuestionamientos y acciones de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional y su desempeño en el despliegue para contener la migración centroamericana hacia Estados Unidos. En este proceso, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados advierte: en la práctica somos ya un “tercer país seguro”. 

 

La CNDH, principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o de Estado, fue creada a través de la reforma constitucional del 28 de enero de 1992 (artículo 102, apartado B), la cual le dio el carácter de “agencia descentralizada” con personería jurídica propia. Una reforma constitucional más, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, le concedió su actual autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola definitivamente del poder ejecutivo.

 

La sede principal de la CNDH se encuentra en la calle de Periférico Sur No. 3469 (en la esquina con calle Luis Cabrera), colonia San Jerónimo Lídice, de la Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, código postal 10200. También tiene locales de atención en otras delegaciones de la Ciudad de México y en ciudades del resto del país como las alcaldías de Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Álvaro Obregón; en Tijuana, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Cd. Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Reynosa, Tamaulipas; San Luis Potosí; Morelia, Michoacán; Aguascalientes; Veracruz; Ixtepec, Oaxaca; Villahermosa, Tabasco; San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas; y Mérida, Yucatán. 

 

La CNDH tiene como atribuciones recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; y conocerlas e investigarlas a petición de parte, o de oficio, lo cual por supuesto a lo largo de su historia no ha cumplido, y todo parece indicar ni cumplirá. 

 

Veamos, los derechos humanos son: derecho a la vida; a la igualdad y prohibición de discriminación entre mujeres y hombres; igualdad ante la ley; libertad de persona; integridad y seguridad personales; libertad de trabajo, profesional, industria o comercio; de expresión; de conciencia; de imprenta; a la libertad de tránsito y residencia; de asociación, reunión y manifestación; libertad religiosa y de culto; derecho de acceso a la justicia; a la irretroactividad de la ley; de audiencia y debido proceso legal; de legalidad; seguridad jurídica en materia de detención y seguridad jurídica para los procesados en materia penal.

 

También, derechos de la victima u ofendido; seguridad jurídica ante las detenciones ante autoridad judicial; seguridad jurídica respeto de la imposición de sanciones y multas; seguridad jurídica en los juicios penales; derecho a la inviolabilidad del domicilio; a la propiedad; derechos sexuales y reproductivos; de acceso a la información; a la protección de datos personales; de petición; a la ciudadanía; a la reparación integral y a la máxima protección; a la educación; a la vivienda; al agua y saneamiento; a la alimentación; a un medio ambiente sano; a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.

 

¿Cuándo la CNDH en sus casi tres décadas de existencia se ha preocupado por todos estos derechos humanos, a pesar de contar con grandes presupuestos año tras año? Para este 2019, la CNDH prevé ejercer un presupuesto de mil 971 millones 300 mil pesos, esto es casi 140 millones menos de lo presupuestado en 2018, cuando recibió 2 mil 111 millones. El gasto en la CNDH creció de forma importante a partir de su fundación en 1992. Durante los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se incrementó el ejercicio de sus recursos presupuestales en más del 55 por ciento. Ahora bien, del total de sus ingresos, el 72 por ciento se destinó al pago de sueldos, prestaciones, seguridad social, entre otros. 

 

CNDH CONTRA AMLO

 

Durante las últimas semanas, la administración de AMLO ha mantenido varias polémicas con la CNDH y su titular, Luis Raúl González Pérez, pues el organismo criticó abiertamente el proyecto de Guardia Nacional del presidente, y pidió “ajustar” el recorte de remuneraciones de los funcionarios públicos, pero sin vulnerar sus derechos, esos precisamente los cuales no han defendido en casi tres décadas. 

 

La CNDH promovió acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional. González Pérez pidió al gobierno federal no militarizar la frontera sur, así como lo hizo Estados Unidos con México en el norte. Además hace activismo con los ombudsperson de Centroamérica para trabajar en un protocolo el cual prevenga la violación de los derechos humanos de los migrantes en los limites de Guatemala. Antes no había mostrado tanta preocupación por la situación prevaleciente en la frontera sur, un punto prácticamente sin control hasta ese momento. 

 

Si llega a prosperar la acción de inconstitucionalidad de la CNDH contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional, se modificarán, como lo admitió AMLO. Al cuestionamiento sobre estas acciones del organismo, el mandatario respondió: “Está en su derecho. A la Comisión de los Derechos Humanos la respeto. No considero  tenga mucha autoridad moral, porque guardó silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos. Con nosotros (ahora) actúan de otra forma. Es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía”. 

 

Y enfatizó algunas muestras del doble discurso de la CNDH: “No es posible no haya hecho nada para investigar lo de la guardería ABC, y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, estábamos procurando no suceda lo que desgraciadamente pasó allá.  Es como el mundo al revés: quienes defienden los derechos humanos están promoviendo una posible y grave violación de garantías individuales. ¿Cómo se van a mantener estancias infantiles sin seguridad? ¿Y por qué esta recomendación?”.

 

Contrastó la actitud de la CNDH en el caso de la Guardia Nacional con su postura frente a las razias, las masacres en el pasado o sus omisiones para exigir la presentación de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, entre otros muchos casos relevantes de violaciones a derechos humanos a lo largo de la historia reciente de México. 

 

El mandatario celebró el acuerdo alcanzado con los inconformes de la Policía Federal (PF), aunque enfatizó era un movimiento sin respaldo social. Insistió algunos actuaron por desinformación, pero también hubo “mano negra” en el conflicto, el cual fue atizado en redes sociales mediante bots difundidos por empresas mercenarias encargadas de manipular. Aseguró continuará la selección para la Guardia Nacional en el Ejército, la Marina o la PF, siempre y cuando los requisitos, entre ellos de salud, para estar aptos para el cargo, y reiteró no se despedirá a nadie. 

 

Al titular del Ejecutivo federal no le falta razón para dudar de la calidad moral de la CNDH y de quienes la han encabezado. Veamos: 

 

ANTECEDENTES

 

La creación de la CNDH se da en el contexto del proceso de certificación de las drogas, un mecanismo existente en Estados Unidos del año 1986 al 2002 con el fin de evaluar los esfuerzos cooperativos con EU de los países con un alto índice de producción o tránsito de drogas, el cual fue establecido mediante la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986. A más tardar, el 1de marzo de cada año, el presidente estadounidense estaba obligado a enviar al Congreso una lista de los principales países productores y de tránsito de drogas, calificando su grado de colaboración con ellos en el combate contra estas actividades ilícitas. 

 

La decisión o no del presidente de certificar a un país podía ser revertida por una resolución conjunta del Congreso Estadounidense. Si un país no era certificado, se le retiraba la asistencia bilateral y se imponían sanciones financieras y comerciales.  México fue certificado favorablemente desde 1986 hasta el 2002, a pesar de que se hicieron resoluciones en contra de la decisión del Ejecutivo por parte del Congreso en los años 1987, 1988, 1997, 1998 y 1999. 

 

Jorge Carpizo fue el primer presidente de la CNDH de 1990 a 1993,  cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó procurador General de la República. Sus dos antecesores en esa responsabilidad fueron Enrique Álvarez del Castillo e Ignacio Morales Lechuga. Álvarez del Castillo –procurador de 1988 a 1991- fue acusado en cortes estadounidense de permitir el crecimiento de las actividades del narcotráfico y de apoyar la distribución de droga, junto con Juan Arévalo Gardoqui, ex secretario de la Defensa Nacional, y Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación. En este esquema, Ignacio Morales Lechuga (procurador de 1991-1993) se lanzó contra la presunta infiltración del narco y consignó a 258 agentes de la Policía Judicial Federal, a 26 comandantes, a 34 jefes de grupo, a 34 agentes del Ministerio Público Federal y a 24 servidores de otras áreas de la PR. 

 

Álvarez del Castillo fue el primer procurador general del gobierno salinista, a partir del 1 de diciembre de 1988 con Javier Coello Trejo como subprocurador. Con él, según las acusaciones, la violación de los derechos humanos y la impunidad en la PJF llegaron a niveles graves  y no logró frenar al narcotráfico. El asesinato de la activista de derechos humanos Norma Corona, el 21 de mayo de 1990 en Culiacán, Sinaloa, desató una fuerte presión social contra la estructura policial y contra el narcotráfico. Este crimen, junto con las presiones estadounidenses en el proceso de certificación,  obligó a crear la(CNDH, en la cual fue designado como titular el ex rector de la UNAM, quien se enfrentó abiertamente a Enrique Álvarez Castillo. 

 

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, en el cual certificó la cooperación de México en el combate al narcotráfico, “en 1993, el presidente Salinas se movió para combatir la corrupción oficial al nombrar a Jorge Carpizo MacGregor, presidente de la CNDH, como procurador general de la República”. En la lucha contra el narcotráfico la PGR fue infiltrada por el narco, según denuncias de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

Entre junio y diciembre de 1990, Jorge Carpizo, en su calidad de titular de la CNDH,  envió a Ignacio Morales Lechuga, entonces procurador general, once recomendaciones; luego, entre enero y diciembre de 1991, 25, y en 1992, 51. 

 

Carpizo McGregor dejó la CNDH para convertirse en el tercer procurador general de la República, el 5 de enero de 1993. De acuerdo con los testimonios periodísticos, impulsó a “grupos especiales” de investigación  quienes, eventualmente, actuaban en contra de sus propios compañeros . El temor se convirtió en el principal recurso de Carpizo para poder controlar a los miembros de la corporación. Diego Valadés sustituyó a Jorge Carpizo McGregor el 1 de enero de 1994, pero apenas duró cuatro meses como el cuarto titular de la PGR en el sexenio salinista. 

 

LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

 

El actual titular de la CNDH es Luis Raúl González Pérez, es abogado por la UNAM, donde se desempeño como su abogado general. También fungió como Fiscal Especial de la PGR, de 1996 a 2001, para el caso Colosio, con los resultados que todos conocemos, es decir, nada. Concluyó la investigación del caso con la hipótesis del “asesino solitario”, al afirmar: Mario Aburto fue el homicida de candidato presidencial del PRI. Sin duda fue una investigación ”minuciosa”. 

 

Se ha desempeñado como director general de Gobierno de la Segob y encargado del Centro de Control de Confianza de la PGR, así como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Especial de Agravios a Periodistas de la Cámara de Diputados. Fue miembro fundador de la CNDH, de 1995 a 1996, y dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas. 

 

González Pérez enfrentó una acusación de plagio en 2014, por parte de un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Carpizo Aguilar, quien lo acusó de haberse plagiado un trabajo para titularse como doctor en Derecho. 

 

Una somera revisión del trabajo de sus antecesores no demuestra mucha eficacia en su labor, ni destaca su autoridad moral en la defensa de los derechos humanos en el país, como quiere hacer creer. 

 

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

 

Tijuanense nacido en 1965, político y abogado, desde el 16 de noviembre de 2009 se desempeñó como presidente de la CNDH hasta noviembre de 2014. 

 

Durante la gestión de Plascencia Villanueva, la CNDH fue omisa, reactiva, ausente de la impugnación a las graves decisiones de la dictadura legislativa pactista que afectan los derechos humanos, acusaron senadores de la República. No presentó acciones de inconstitucionalidad frente a leyes promovidas por Enrique Peña Nieto las cuales afectan esos derechos, como la legislación secundaria en telecomunicaciones, donde se establecen violaciones graves en materia de comunicaciones privadas, datos personales, derecho a la intimidad, restricción de las libertades. geolocalización sin orden judicial, etcétera. Ahí no señaló ni recomendó nada el “defensor de los derechos humanos”. 

 

Derrumbó la credibilidad de esa institución y se dedicó a servir al régimen priísta, al presidente de la República y a algunos gobernadores como el de Puebla. Su gestión fue marcada por la egolatría y el culto a la personalidad. Organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la defensa de los derechos humanos, así como diversos activistas, denunciaron una y otra vez la falta de autonomía de la CNDH, la cual cedió su funciones indispensable al servicio de los poderes gubernamentales. Las víctimas no fueron escuchadas, a las y los defensores de cada caso se les negó el acceso a los expedientes, las recomendaciones se emitieron de manera incompleta, tardía y en ocasiones con “copiar-pegar” de un caso a otro, de acuerdo a denuncias de diversos juristas. 

 

La CNDH no dijo nada en materia de la regulación de las protestas, como fueron los casos de las leyes de Chiapas, de Quintana  Roo y algunas medidas tomadas incluso en la capital del país. Pero si legitimó el uso de la fuerza pública el día primero de diciembre de 2012 y también legitimó el uso de la fuerza pública contra el movimiento magisterial. No dijo nada contra la adopción del fracking, la fractura hidráulica, la cual no sólo es un tema ambiental o sanitario, sino de derechos humanos pues atenta contra el derecho de los mexicanos a la salud, a un medio ambiente sano.

 

A Plascencia Villanueva se le conoció más por sus silencios, que por sus acciones. Esas omisiones y falta de acción tuvieron su recompensa sin duda. Prácticamente al finalizar su gestión, el periódico Reforma publicó el estrenó de una residencia en un terreno de 795 metros cuadrados en Jardines del Pedregal,  con desnivel para cochera, acabados de cantera blanca, tres pisos y jardín trasero.

 

De acuerdo a precios del mercado inmobiliario, la casa tiene un costo de alrededor de 20 millones de pesos. De acuerdo a la escritura pública No. 2814, con fecha del 16 de agosto de 2012 (inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del DF), el terreno ubicado en el número 30 de la calle  Xitle, colonia Jardines del Pedregal, fue vendido por Nahúm Beltrán Pérez a la señora Adelita Deyanira Ortiz Kuri, en 5 millones 474 mil pesos. La compradora es la esposa de Plascencia. Y eso es solo un botón de muestra. 

 

JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ 

 

Entre las acciones como defensor del pueblo, entre 1996 y 2009, del abogado queretano José Luis Soberanes Fernández, destacan las controversias con la PGR, al hacer críticas públicas contra ésta y contra autoridades estatales y nacionales de policía. Fue demandado por la misma procuraduría. Expresó críticas y recomendaciones sobre temas controversiales, como lo son Oaxaca, Atenco, la corrupción en diversas agencias de policía. Sin embargo, el PRD lo criticó por hacer el trabajo del PAN.

 

Tras ser designado como presidente de la CNDH, Soberanes Fernández reiteró su finalidad no es emitir recomendaciones, sino celebrar  entre las partes en pugna formas de reconciliación, amigables composiciones que satisfagan a los ofendidos. Human Rights Watch publicó un reporte, en febrero de 2008, donde censuró el desempeño de la CNDH, entre ellos la ausencia de seguimiento de casos, la desinformación de las víctimas, el escaso uso de los tratados internacionales, la no promoción de reformas legales para prevenir abusos a los derechos humanos, además encabezó la Defensoría de Derechos Humanos con más recursos utilizados en el mundo.  

 

Con Soberanes al frente, la CNDH emitió 16 recomendaciones generales y presentó 25 informes especiales a la opinión pública. Asimismo, emitió recomendaciones particulares, entre ellas los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco del Estado de México. También presentó informes especiales como el de los casos de homicidios y desapariciones de mujeres del municipio de Ciudad Juárez. De estos hechos, presentó un segundo informe para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República mexicana y la procuración de justicia. ¿Sirvió de algo?

 

Durante su gestión, de 1996 a 2009, el presupuesto de la Comisión creció 104%, de acuerdo con cifras del estudio Nuestros Caros Defensores de los Derechos Humanos, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 

 

MIRELLI ROCCATTI

 

Mirelli Roccatti Velázquez, abogada regiomontana, presidió la CNDH de 1997 a 1999. Fue fiscal especializada para los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se le acusó de no haber resuelto uno solo de los casos. No obstante, informó de la resolución de decenas de casos de desaparición, y reportó se sometieron a juicio el 70% de los presuntos responsables. 

 

Renunció a la fiscalía para ser por un año secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Posteriormente fue subprocuradora del Estado de México.  La cercanía con el ex mandatario fue innegable en su desempeño como titular de la CNDH. 

 

En 1997 le envía a Jorge Madrazo, procurador, sólo cuatro recomendaciones. En 1998 “eleva” la cifra a nueve y, en su último año de gestión –de enero a noviembre de 1999- sólo cinco.  De ese nivel fue el profundo y agotador trabajo y la eficiencia de Roccatti al frente de la CNDH. 

 

JORGE MADRAZO CUELLAR

 

Al primer visitador y presidente de la CNDH, el 3 de diciembre del año 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo nombró titular de la PGR, cargo desempeñado hasta el final de sexenio. Durante su gestión ocurrió la Matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en la cual un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas tzotziles mientras oraban en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en Chiapas. 

 

En tres casos distintos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 41 personas acusadas y sentenciadas (20 en agosto de 2009, 9 en noviembre de 2009, 5 en 2010 y 7 más en 2012). Los ministros consideraron las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR. 

 

De ese tamaño es la “calidad moral” de los prestigiados abogados quienes han encabezado la CNDH, cuyos resultados están a la vista de todos los mexicanos, quienes han pagado altos costos por mantener a este organismo, un verdadero elefante blanco onerosísimo.

 

MÉXICO, TERCER PAÍS SEGURO

 

Tras el inicio del programa Permanecer en México, a través del cual quienes solicitan asilo esperen la resolución de su caso del lado mexicano y con el despliegue de 20 mil efectivos mexicanos de la Guardia Nacional deteniendo camiones de inmigrantes a los cuales les exigen documentos en su tránsito por territorio mexicano, la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos disminuyó drásticamente. 

 

De acuerdo a reportes de medios de EU, quienes citan datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante el pasado mes de mayo se registraron 144,278 arrestos en la frontera sur de Estados Unidos, la mayor cifra mensual en trece años, pero en junio el número de detenciones disminuyó en 28 por ciento 

 

Inmigrantes quienes deciden esperar deberán pasar meses en las ciudades fronterizas, cuyos albergues están abarrotados. Ante el nuevo panorama, algunos centroamericanos han decidido volver a sus países en autobuses financiados por la Organización Internacional para las Migraciones; la Organización de las Naciones Unidas espera empezar a ofrecer un servicio similar también de manera gratuita. ¿Por qué no utilizan otras vías, por ejemplo la marítima o por aire con costo al presupuesto federal de los Estados Unidos?

 

En los hechos, hoy México es “tercer país seguro” y con ello “se implementa una política contraria a lo que pregonamos”, sostiene Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, quien advierte: por influencia de Estados Unidos, la política migratoria de México puede ser violatoria de los derechos humanos. En una entrevista difundida por El Universal, aseguró actualmente existe una crisis humanitaria por los flujos migratorios que entran al país, la cual requiere tratamiento urgente. 

 

Y de cara al plazo de 45 días para que México alcance un control de la frontera sur, ante el amago de imposición de aranceles, explicó: “estamos haciendo todos los actos que pueden ayudarle a Trump”. 

 

DE LOS PASILLOS

 

Fue detenido en Tabasco por elementos de la Policía Federal Ministerial Erick Cervantes Murillo, identificado como uno de los principales involucrados en el fraude por más de 5 mil millones de pesos cometidos en 2014 contra Banamex por Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía. El juez 14 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera Gregoire, definirá la situación jurídica de Cervantes, pues el proceso se llevará a cabo conforme al anterior sistema de justicia penal. Si se le dicta auto de formal prisión no tendrá derecho a la libertad bajo fianza, pues el delito imputado es considerado como grave. Al comparecer ante la autoridad aseguró “sólo recibía ordenes de sus superiores  y nada más”. ¿De Martita Sahagún y sus cachorros?

 

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CON TRES HELICÓPTEROS MÁS, VIGILARÁN TAMAULIPAS

Anuncia el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que Tamaulipas comprará tres helicópteros para integrarlos a su estrategia contra la delincuencia organizada. Así lo dio a conocer, en el marco de la ceremonia de clausura de cursos de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, donde destacó que Tamaulipas será el estado más vigilado de todo el país.
“Sabemos de las necesidades de nuestros cuerpos policiales, por eso hacemos un esfuerzo para construir complejos de la Policía Estatal, ya se inició la construcción del complejo estatal de policía en Nuevo Laredo, una más en Reynosa, acabo de dar instrucciones para que haya un complejo estatal en Matamoros, además de poder agrandar el de aquí de Victoria y un quinto complejo en Altamira para cubrir la zona conurbada”, explicó.
Recordó que en sus compromisos en campaña les dijo a las familias y a los policías que iba a dignificar su trabajo y que íbamos a evitar que siguieran durmiendo en hoteles.
“Deben tener sus propios complejos, adicionalmente vamos a adquirir nuevos equipos que le darán viabilidad a que puedan desempeñar mejor su trabajo, vamos a adquirir tres helicópteros con equipos que van a cubrir todo el territorio de Tamaulipas y vamos a dotar de los elementos para que la policía desempeñe bien su trabajo”, indicó.
Destacó que nuestra policía está dando resultados, diferentes sectores productivos del estado han salido a dar a conocer cifras que antes jamás nos imaginamos que podríamos alcanzar en tan solo tres años de una nueva administración.
Anteriormente por la falta de compromisos de otros gobiernos a Tamaulipas lo tachaban como los estados más violento. Soy el primero en reconocer que hace falta mucho por hacer, pero las cosas están cambiando.
“Tamaulipas ya no se ubica entre los tres Estados más violentos de México, ni entre los primeros 10 o 15, estamos en el lugar número 18, abajo ya de la media nacional y algo estamos haciendo bien, estoy convencido que la formación de nuevos policías comprometidos con su gente y familia y sobre todo que tiene y están dando resultados a la población Tamaulipeca”, dijo.
Para concluir que va apoyar y defender las causas de los buenos policías dé Tamaulipas.
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Capturan a abogado de “la mafia del poder” por delincuencia y “lavado”

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades informaron que la tarde de ayer elementos de la dependencia cumplieron en la capital del país una orden de aprehensión contra el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.

La fiscalía detalló que el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital de la República, la orden que fue ejecutada por policías federales ministeriales.

La noche de este martes, el litigante fue trasladado y puesto a disposición del juez de Control del Reclusorio Norte que libró la orden de aprehensión.

La audiencia inicial del abogado comenzó a las 21:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde su defensa solicitó un receso para leer la carpeta de investigación que la FGR tiene.

Durante las diligencias se supo que la orden de aprehensión contra Collado también involucra a José Antonio Rico, expresidente de Cajas Libertad, así como a José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

Antes de la medianoche se esperaba que el agente del Ministerio Público regresara a la Sala de Audiencias para formular la imputación por delincuencia organizada y «lavado» de dinero contra Collado Mocelo.

Fuentes de la FGR consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que a la par de la orden de aprehensión contra Collado Mocelo: «Hay varias órdenes que se giraron contra implicados en estos delitos. En las próximas horas esperamos estar cumplimentando las órdenes que faltan».

Los funcionarios consultados confirmaron que el litigante -quien ha defendido a múltiples políticos, como el expresidente Peña Nieto y al excandidato presidencial Fernández de Cevallos- fue aprehendido cuando comía en el restaurante Morton’s The SteakHouse ubicado en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La FGR afirmó que la aprehensión se realizó con pleno respeto a sus derechos humanos y que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

«Sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió», señalaron.

Trascendió que la detención del abogado se debió a un procedimiento judicial radicado en el estado de Querétaro, y que en la captura participaron media docena de elementos de la Fiscalía General de la República.

En la fiscalía aseguraron que el caso es de «suma importancia para la institución, por lo que para evitar que se les ‘caiga’ no serán revelados más detalles de lo informado en el comunicado para cuidar el debido proceso».

«Siempre le hemos hecho así [cuidar el debido proceso], pero en este cuidaremos que no se nos caiga, [no divulgar más información sobre el caso] para no correr riesgos», agregaron las autoridades.

Con base en el Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita alcanza libertad bajo fianza, por lo que el abogado, quien está casado con la actriz Yadhira Carrillo, podría enfrentar el juicio en libertad.

Sin embargo, por el presunto ilícito de delincuencia organizada y en caso que el juez considere que hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal, el reconocido abogado no podría salir en libertad bajo fianza, ya que este delito está tipificado de prisión oficiosa.

En su cuenta de Twitter, la actriz Leticia Calderón agradeció las muestras de apoyo y solidaridad tras la detención de su exesposo Juan Collado, con quien tiene dos hijos, pero sostuvo que no daría declaraciones.

El pasado 21 de mayo, en la boda de su hija Mar Collado con Gonzalo Zabala, que se realizó en la Ciudad de México, asistieron como invitados a la celebración expresidentes, exsecretarios de Estado, así como personajes de la vida política del país.

Entre los invitados estuvieron los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como el hermano de este último, Raúl Salinas; Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Aurelio Nuño Mayer y José Narro, exsecretarios de Educación y de Salud en la pasada administración federal, respectivamente.

Otros invitados fueron la actual dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas; el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, así como Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y expresidente nacional del PRI.

También estuvieron algunos gobernadores como el de Chiapas, Manuel Velasco, así como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Los casos relevantes

2001

Abogado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

2004

Defensor del empresario Carlos Ahumada Kurtz.

2005

Representante legal de Raúl Salinas durante el proceso que terminaría con su liberación.

2019

Representante de Enrique Peña Nieto, se encargó de concretar su divorcio de Angélica Rivera.

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