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Estado de los ESTADOS..Feminicidios, otra vergüenza internacional para México

Estado de los ESTADOS..Feminicidios, otra vergüenza internacional para México

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

 

“El dinero es la llave que abre todas las puertas”: Moliere.

 

  • Cemex en el banquillo de EU y Colombia
  • Investigan trama de sobornos similar a la de Odebrecht
  • Las indagatorias en etapa inicial. Cemex dice colaborará
  • Feminicidios, otra vergüenza internacional para México

 

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018.- La multinacional cementera  mexicana Cemex se encuentra en el centro de una investigación de corrupción similar a la de la brasileña Odebrecht, en los tribunales de Colombia y Estados Unidos. La empresa fundada en 1906, con sede en Monterrey, Nuevo León y con presencia en medio centenar de países en América, Europa, Asia y África, habría sobornado a funcionarios y políticos en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Angola y Mozambique. Las acciones de Cemex en Colombia cayeron la semana pasada 21.8% y en México 4.4%.

 

En 2016, CEMEX, S.A.B. DE C.V recibió requerimientos de información por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos de América (SEC, por sus siglas en inglés) para determinar si incurrió en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. Esos requerimientos fueron girados en torno a la construcción de la planta Cemex Colombia S. A., en el departamento de Antioquia, municipio de Maceo. El pasado 12 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un requerimiento adicional de información a Cemex en relación con sus operaciones en Colombia.

 

Cemex está en aprietos con la justicia colombiana desde ese año, debido a un negocio en ese país por unos 13 millones de dólares con una empresa minera para comprar unos terrenos, cuya venta estaba prohibida porque quedaron sometidos por el Estado a la extinción de dominio debido a un proceso de “lavado” de activos en contra de su propietario. El pasado 5 de septiembre, el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ratificó una orden de captura contra dos ejecutivos de Cemex y uno de la firma vendedora por la compra de los lotes en el departamento (estado) colombiano de Antioquia, para construir una planta de cemento junto a una mina de cal. Está preso sólo uno de los ex empleados de la cementera, ya que los otros dos son prófugos y huyeron a Estados Unidos. Los tres son colombianos. La orden fue emitida contra Edgar Ramírez Martínez, ex vicepresidente de Planeación, y Camilo González Téllez, ex vicepresidente Jurídico; además de Eugenio Correa Díaz, representante de C.I. Calizas y Minerales, de Colombia. Ramírez y Correa están prófugos.

 

Durante una comparecencia este año –en una fecha sin precisar- ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Ramírez reveló que la trasnacional mexicana estaría presuntamente involucrada en Colombia y en otros países de América Latina en una red de sobornos similares a la de la constructora brasileña Odebrecht en diez naciones latinoamericanas para ganar contratos de obras públicas. Ramírez se presentó ante las autoridades estadounidenses para colaborar con la Justicia en el entramado de corrupción en el cual la empresa habría pagado millonarios sobornos a funcionarios públicos para obtener enormes contratos. El ex directivo estaría entregando “información detallada de lo que habría sido un entramado de corrupción donde se habrían pagado millonarios sobornos a políticos, alcalde, gobernadores, congresistas, funcionarios de distintas entidades y contratistas, con el objetivo de ganar los millonarios contratos” en Colombia. Además, se habrían descrito “los trazados y las rutas del movimiento de los dineros”.

 

Las oficinas centrales de Cemex en México emitieron un comunicado en el cual señalan: “Cemex Colombia de manera voluntaria publicó la desvinculación de algunos de sus ejecutivos, incluido Edgar Ramírez, ex vicepresidente de Planeación de la compañía, por irregularidades descubiertas en relación a la compra de terrenos para la construcción de una planta en Antioquia. Aseguró presentó “estos hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, que inició una investigación penal”. Cemex asegura que las indagatorias en torno a la presunta entrega de sobornos de ex directivos de su filial en Colombia inició después de que se realizaron auditorías internas y se detectaron procedimientos contrarios a los protocolos establecidos por la compañía.  Los directivos identificados como responsables de las operaciones fueron despedidos de manera inmediata tras documentarse las irregularidades, subrayó Cemex, quien señaló que actualmente no puede predecir la duración, ámbito o resultado de las investigaciones de la SEC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni del impacto de potenciales sanciones que podría recibir.

 

La Fiscalía General de Colombia informó que, según el juzgado, a Ramírez “se le endilgaron los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en provecho de particulares”, mientras que a González se le atribuyeron los de “administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito agravado”.  Correa “fue imputado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado”. De acuerdo a la Fiscalía, Cemex depositó 40 mil millones de pesos colombianos, unos 13 millones de dólares, en la cuenta personal de Correa para comprar los terrenos aledaños a una mina en el municipio de Maceo, Antioquía. El colombiano José Aldemar Moncada Moncada, propietario del inmueble, “fue sentenciado por “lavado” de activos como ficha clave de una millonaria defraudación al Estado mediante recobros” de un impuesto, y asesinado por sicarios en abril de 2016. A pesar de la existencia de un proceso de extinción de dominio, el cual vinculaba a Moncada, la negociación entre Cemex y Minerales se llevo a cabo.

 

FEMINICIDIOS, VERGÜENZA INTERNACIONAL

 

En todo el amplio panorama de violencia y desigualdad dejado por el régimen de Enrique Peña Nieto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, destaca el elevado número de feminicidios, los cuales colocan a México entre los primeros tres países de Iberoamérica con este flagelo, situación cobijada por la generalizada negligencia de las autoridades federales y locales para investigar este ilícito y castigarlo. De acuerdo al balance del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2014 y 2017 unas 8,904 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, sin embargo, sólo el 30% de los casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio. Además, las investigaciones carecen de diligencias básicas que permitan identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en la impunidad.

 

Son inaceptables los niveles de violencia que sufren las mujeres y las niñas en las ciudades iberoamericanas. Esta violencia, cotidiana y global, es una amenaza a los derechos humanos de las mujeres, un grave problema de salud pública, de seguridad ciudadana, de autonomía física, política  y económica. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) confirmó la Ciudad de México se ubica en el tercer sitio en feminicidios a nivel iberoamericano, con 37 casos el año pasado. Las ciudades de Bogotá y Guatemala ocupan el primero y segundo lugares. Sin embargo, no hay datos concluyentes sobre la magnitud de este delito en el cual la población se enfrenta a una violencia física, sicológica, laboral o económica. Pocas ciudades en México y en general en Iberoamérica publican datos sobre el número de feminicidios por razones de género, desglosados por edad y origen étnico de las víctimas y sexo de los agresores, indicando la relación entre éstos y las víctimas y la información relativa al enjuiciamiento y castigo de los autores de estos actos.

 

De acuerdo a datos oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 2015 a la fecha se han registrado mil 314 víctimas. Y de 2012 a 2016 sólo se emitieron 304 sentencias por feminicidos en el país.  Investigaciones periodísticas dan cuenta de la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo cual contribuye a la impunidad de los feminicidios. Al menos existen 244 presuntos feminicidas quienes no  han sido detenidos desde 2011, incluso cuando hay una orden de aprehensión en su contra. En Jalisco es donde más se ha presentado esta situación. En total se han dado a la fuga 42 personas señaladas por matar a una mujer de manera violenta. Le sigue Guanajuato, con 41casos; Sinaloa, con 29; la Ciudad de México, con 23; Tabasco, con  21;  Hidalgo, con 21; Morelos, con 16; Puebla, con  14; Veracruz, con 9; Tamaulipas, con 8; Coahuila, con 7; Baja California, con 6; Durango, con 4; y Quintana Roo, con 3.

 

“La cantidad de órdenes de aprehensión giradas no cumplimentadas se agrava en los delitos relacionados con violencia machista porque no les interesan. Si no les importa resolver los fraudes, menos les interesa resolver el tema de una mujer que además ya calificaron como prostituta o drogadicta”, señala Alicia Pérez Duarte y Noroña, investigadora de la UNAM. La mitad de las entidades de la República Mexicana no cuentan con datos fidedignos de los feminicidios cometidos en territorio nacional. De acuerdo a datos oficiales, en 17 entidades del país han sido libradas 661 órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. De esa cantidad han sido cumplimentadas 417 y 244 no han sido ejecutadas. Además, hay presuntos feminicidas libres desde 2012 en la Ciudad de México, Durango, Morelos, Sinaloa y Tabasco porque aún no los han detenido.

 

DE LOS PASILLOS

 

Al escribir estas líneas, la bolsa y el peso recuperarban terreno en la jornada financiera de este martes. Los mercados financieros reaccionaron a un mensaje emitido la noche del lunes por el próximo gobierno, quien ratificó el compromiso con una reducción del déficit fiscal el próximo año, el no incremento de la deuda pública y el rechazo a iniciativas del Partido del Trabajo para usar la reserva internacional de divisas en el gasto público y eliminar el sistema privado de gestión de los fondos de retiro

 

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